La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ordenó el martes a la Asamblea Legislativa de El Salvador suspender el trámite para aprobar una Ley de Reconciliación Nacional que sustituye una Ley de Amnistía que, aseguran expertos, ha garantizado 27 años de paz desde la guerra civil.
El organismo considera que si se aprueba la Ley de Especial de Justicia Transicional y Restauración para la Reconciliación Nacional, como deben hacer los diputados por orden constitucional, se afectaría el acceso a la justicia de las víctimas durante la agresión comunista de los años 80’s, además de crear un marco de impunidad.
La Corte esgrime como excusa para su intromisión en asuntos salvadoreños la infame Masacre de El Mozote, supuestamente perpetrada por militares en 1981 y que dejó supuestas víctimas entre personas que eran colaboradores o miembros de la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Un informe, con tendencia de izquierda, realizado por la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas divulgado en 1993 responsabilizó de la masacre al coronel Domingo Monterrosa, entonces comandante del batallón Atlacatl, así como al jefe de operaciones, coronel Armando Azmitia y a otros oficiales, que no fueron juzgados bajo el amparo de la Ley de Amnistía General de 1993.
Monterrosa y Azmitia fueron asesinados en la zona de El Mozote el 23 de octubre de 1984, cuando el helicóptero en que viajaban explotó en el aire por una bomba colocada por la guerrilla en un transmisor de radio.
La Comisión de la Verdad nunca presentó pruebas fehacientes de la supuesta masacre, además no investigó otras masacres perpetradas por la entonces guerrilla del FMLN.
En julio de 2016, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General de 1993. La amnistía favoreció tanto a militares como a guerrilleros.
La CSJ ordenó a la Asamblea Legislativa que elaborara antes de julio de 2019 una nueva Ley de Reconciliación Nacional que garantizara la verdad, la justicia y las reparaciones, y ofreciera garantías para que no se repitieran esos delitos. Puntos que son observados y obedecidos en la nueva Ley de Especial de Justicia Transicional y Restauración para la Reconciliación Nacional.
Vividores de los Derechos Humanos (activistas pagados), la Iglesia Católica salvadoreña, así como la Universidad Católica (UCA) han expresado su rechazo al proyecto de Ley porque según ellos se trata de una nueva ley de amnistía con la que se pretende favorecer a los victimarios, sin embargo, amplios sectores de la sociedad productiva del país se han manifestado a favor de la ley pase y se de una vuelta de hoja al sangriento pasado salvadoreño.
