La Cámara de Diputados aprobó este martes por 81 votos a favor, 4 abstenciones y 35 en contra, una indicación de la Unión Demócrata Independiente (UDI) que busca que el presidente de la República, sus ministros y también subsecretarios, se sometan a partir del próximo año y de manera semestral a un examen de drogas, cuyos resultados deberán hacerse públicos.
La propuesta no fue bien recibida por el oficialismo -a pesar de algunos díscolos-, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció una “reserva de constitucionalidad” por parte del Gobierno, lo que significa que puede recurrir al Tribunal Constitucional e impugnar la iniciativa, de ser acogida.
En especifico, el texto señala que dichos funcionarios de gobierno “deberán someterse semestralmente a un control de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales”.
El primero en salir a pedir la aprobación de la propuesta fue Juan Antonio Coloma, secretario general de la UDI, quien señaló que “es fundamental avanzar con la realización obligatoria y semestral de un test de drogas a las autoridades mencionadas”.
“Así como los diputados ya nos sometemos a este examen desde hace un tiempo a la fecha, no vemos ninguna razón para que el Presidente de la República, además de sus ministros y subsecretarios, no deban también hacerlo”, razonó, según consigna Emol.
“A pesar de los votos en contra de la mayoría de los parlamentarios de gobierno, logramos que la Cámara Baja aprobara esta indicación en la Ley de Presupuesto 2025, lo que permitirá que al menos durante el próximo año el Presidente Gabriel Boric, todos sus ministros de Estado y también los subsecretarios, tendrán que someterse a un test de drogas obligatorio y semestral”, sostuvo.
“Este es un avance fundamental si queremos erradicar la presencia del narcotráfico y el crimen organizado dentro de la administración del Estado, tal como ha ocurrido en otros países de Latinoamérica”, cerró el también diputado.
Descolgados
La incitativa contó con los votos de la derecha en pleno y también con el de algunos “descolgados” como los diputados Jaime Araya (PPD), Alejandro Bernales (PL), Vlado Mirosevic (PL) y Camila Musante (PPD). Sin embargo, desde el Partido Comunista y el Frente Amplio se alinearon con el Gobierno y las palabras del ministro Hacienda, Mario Marcel, quien una vez finalizada la sesión advirtió una posible “reserva de constitucionalidad” si la propuesta llega a ser aprobada.
Dicha reserva permitiría al Gobierno recurrir al Tribunal Constitucional y dirimir la legalidad de la indicación presentada, puesto que podría interferir con la autonomía del Poder Ejecutivo.
Así las cosas, fue el mismo diputado Coloma quien sostuvo que “tendrá que ser el propio gobierno y sus parlamentarios quienes le expliquen a los chilenos por qué se opusieron a que las principales autoridades se sometan a un examen de drogas, tal como ya lo hacemos los parlamentarios”.
“Estas son las señales que finalmente la ciudadanía no logra entender, sobre todo dado el grave aumento de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado en nuestro país”, remató el timonel gremialista.