La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió dos demandas de inconstitucionalidad contra la legislación de familia que impide las bodas entre personas del mismo sexo, informó el viernes el órgano de Estado.
La fuente detalló que las demandas fueron presentadas por «grupos de ciudadanos» que promocionan las prácticas LGBTI+ que buscan anular los artículos del Código de Familia que establecen que el matrimonio es la «unión legal entre hombre y mujer».
De acuerdo con los demandantes, esta disposición viola el derecho a la igualdad, libertad, seguridad jurídica, dignidad, asociación e intimidad de las «personas de orientación homosexual» y del resto de miembros de la comunidad LGTBI+.
«Los demandantes argumentan que la normativa impugnada produce trato discriminatorio injustificado en comparación con las personas de orientación sexual heterosexual», señala la resolución firmada por los cinco magistrados de la referida sala.
No obstante, la sala únicamente admitió las demandas por la supuesta vulneración del principio constitucional de dignidad humana e igualdad.
Por otra parte, las personas que presentaron las demandas buscan que los juzgadores declaren una «inconstitucionalidad por omisión» contra la Asamblea Legislativa por «no regular por ley dichas uniones».
Otra de las peticiones presentadas a los jueces fue la de anular una reforma constitucional aprobada en abril de 2015 que buscaba blindar la Carta Magna contra las bodas homosexuales.
Esta solicitud fue desechada por los letrados, dado que la misma quedó sin efecto al no ser ratificada por los diputados que asumieron entre mayo de 2015 y abril de 2018.
El proyecto, que para entrar en efecto necesitaba ser ratificado con al menos 56 votos de los 84 diputados, pretendía establecer en la Constitución que el matrimonio solo es válido entre una mujer y un hombre «así nacidos».
De igual manera, dejaba sin validez en El Salvador los matrimonios «entre personas del mismo sexo celebrados o reconocidos bajo las leyes de otros países» y de paso prohibía la adopción a las parejas homosexuales.
La Sala de lo Constitucional pedirá opinión al Congreso y Fiscalía General de la República (FGR) durante el procesamiento de las demandas para determinar «si existe o no la presunta contradicción entre el Código de Familia y la Constitución».
