Unas 116 personas murieron a manos de policías entre 2014 y 2018, bajo la administración del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en actos que involucraron uso excesivo de la fuerza y abuso de autoridad, dijo el martes la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH).
El estudio sobre la actuación de la Policía Nacional Civil (PNC) abarca casi todo el anterior gobierno del izquierdista Salvador Sánchez Cerén, la procuradora Raquel Caballero dijo que los asesinatos muestran «patrones» de comportamiento de la institución policíal.
Según Caballero, del total de las víctimas, 109 son hombres y el resto son mujeres, algunas de las personas fueron torturadas.
La procuradora, que se encuentra en sus últimos días como funcionaria ya que ante acusaciones de corrupción y nepotismo ha visto desvanecer sus pretensiones de reelección, dijo que los casos deben ser investigados.
Las recomendaciones de la PDDH no son vinculantes, es decir, nadie tiene porque obedecerlas.
Las muertes se dieron en medio de una campaña del FMLN para acabar con las llamadas «maras».
De acuerdo con Caballero, el estudio deja ver un patrón de «uso excesivo de la fuerza», plantea la necesidad de una «depuración» del cuerpo de seguridad y de la «creación de una política criminal integral» que aborde estos hechos.
«Tienen que funcionar las instituciones de tal manera que los responsables de estos hechos se lleven ante la Justicia», subrayó Caballero.
El documento señala con «extrema preocupación la ejecución extralegal de 28 personas menores de 18 años», incluido un adolescente de 13 años de edad.
De acuerdo con la PDDH, el 46,6 % de las ejecuciones se dieron en hechos «múltiples», con al menos 4 víctimas, y el 36,2 % en masacres con al menos cinco personas asesinadas simultáneamente.
Según la procuradora adjunta para Migrantes y Seguridad Ciudadana de la PDDH, Beatriz Campos, la mayoría de estas muertes fueron atribuidas por las autoridades policiales a enfrentamientos armados con pandilleros.
No obstante, Campos señaló durante la presentación del informe que «los indicios contradicen la versión del enfrentamiento armado y apuntan a que las víctimas fueron ajusticiadas cuando ya habían sido sometidas».
Campos apuntó que las ejecuciones fueron perpetradas principalmente por agentes de elite y que las víctimas sufrieron «maltrato policial, detenciones arbitrarias, acoso sistemático y hasta amenazas de muerte», por lo que se pueden considerar «hechos selectivos».
Lamentó que en los procesos de recolección de pruebas tras los supuestos enfrentamientos participan los agentes involucrados.
«Muchas veces se ha evidenciado que la escena puede estar contaminada, que los cadáveres pudieron ser movidos del lugar», sostuvo.
El estudio contó con la financiación de la organización Servicio Social Pasionista (SSPA) de la izquierda religiosa que apoyó a las guerrillas durante el conflicto armado de los 80 y 90’s.
Según Verónica Reyna, miembro del SSPA, los casos estudiados cumplieron los criterios de contar con mayor información, entrevistas, diversas fuentes consultadas y una autopsia oficial.
