El diputado del partido político que llevó a Nayib Bukele a la presidencia de El Salvador, la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), partido gobernante, Francis Zablah pidió que se eviten «especulaciones» sobre la posible creación e instalación en El Salvador de una comisión contra la corrupción y solicitó al Ejecutivo que «presente oficialmente la propuesta».
En las últimas semanas el tema de la creación de un grupo anticorrupción similar al CICIG guatemalteco ha generado polémica en el país, ya que el presidente Bukele ha asegurado que antes de cumplir cien días en el poder lanzará la Comisión Internacional Contra la Impunidad de El Salvador (CICIES).
Sin embargo, el mandatario no ha brindado detalles sobre el modo en que operará dicha comisión, quiénes la dirigirán y si sería apoyada por las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) u otra instancia internacional.
Por lo anterior, el parlamentario de GANA pidió a los diversos sectores de la sociedad evitar «especulaciones» sobre el tema y esperar a que el mandatario salvadoreño explique el trabajo que realizaría dicho grupo anticorrupción.
Zablah señaló que la función de una comisión contra la corrupción «debe de estar apegada a la Constitución» y «no violentar lo establecido en la Carta Magna», contraviniendo declaraciones del vicepresidente de la República, Félix Ulloa, encargado de formar la Comisión baja la asesoría o auspicios de la fugitiva exfiscal de Guatemala, Thelma Aldana y el colombiano Iván Velásquez.
Zablah indicó que «toda iniciativa que tenga como fin transparentar y sacar a la luz todos los casos de corrupción en el país tendrá mi apoyo, pero primero es necesario que se nos brinden los detalles».
Según la Vicepresidencia, será una «instancia autónoma que investigará los hechos de corrupción», lo que la haría inconstitucional, pues de acuerdo a la Carta Magna salvadoreña el monopolio de la investigación en El Salvador lo tiene la Fiscalía General de la República (FGR).
Desde mayo pasado, organizaciones sociales señalaron que la discusión sobre dicha propuesta es «muy limitada y con poca información sobre los objetivos, alcances, límites, financiación y otros elementos que deben tenerse en consideración».
