El Vaticano abrió sus puertas el viernes por primera vez a una delegación de personas LGTB y a representantes de asociaciones de defensa de los derechos de esta comunidad, un encuentro calificado como «histórico» y «un primer paso».
«Esperábamos ser recibidos por el papa Francisco pero hace unos días nos informaron de que la reunión sería con el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin», dijo a la prensa tras el encuentro Helena Kennedy, directora del International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI).
El objetivo de la reunión solicitada era presentar al Vaticano los resultados preliminares de una investigación conducida en los países de la región del Caribe, en diez de los cuáles aún se criminaliza la homosexualidad, y pedir que la Iglesia Católica haga un fuerte llamamiento en contra de estas leyes.
«Vemos una clara relación entre la existencia de leyes que criminalizan la homosexualidad y las actitudes en la sociedad, por eso es muy importante que la Iglesia se pronuncie», agregó.Leonardo Raznovich, investigador de la Universidad de Canterbury Christ Church en el Reino Unido, encargado de coordinar este estudio impulsado por el Instituto Inter-Americano de Derechos Humanos, explicó el impacto social que tienen las leyes para las personas de la comunidad de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales.
«En los 10 países donde existen estas leyes, las personas son estigmatizadas por ser homosexuales o transexuales y ello genera violencia social, por ejemplo en Jamaica», señaló.
Afirmó que en muchos casos la Iglesia Católica «está exacerbando estas actitudes al equiparar homosexualidad y pederastia», provocando violaciones de los derechos humanos.
Para el argentino Pedro Paradiso, director ejecutivo de ILGA, la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales, que agrupa a más de 1.500 ONGs de un centenar de países, ha sido «un momento histórico» y un «primer paso muy importante».
«Todavía hay 70 países que criminalizan la homosexualidad, seis países que la castigan con la pena de muerte», por ello considera que «un mensaje contundente de una de las religiones más importantes del mundo es muy importante para las próximas generaciones».
Como devolución al informe, el Cardenal Parolín señaló que la Iglesia está en contra de la violencia y expresó que «la preocupación por las personas y la dignidad es una preocupación de la Iglesia. Estamos en contra de toda forma de violencia y todos debemos respetar la dignidad de todas las personas». Además, se comprometió a transmitirle al Santo Padre sus preocupaciones para que continúe el diálogo.
«En este sentido hay que trabajar y entender el contexto histórico de una institución que nos ha perseguido y condenado. Este nuevo paso va a abrir la puerta a una esperanza…Valoramos que nos haya recibido y lo agradecemos», señaló.
A pesar de no haber sido recibidos por el papa, la delegación consideró que el encuentro fue propiciado por el propio Francisco.
En el comunicado entregado a Parolin por parte la delegación se pide que la Iglesia Católica declare que la criminalización de las personas LGTB es «una manifestación del odio irracional por lo que es diferente» y una «afrenta intolerable a la dignidad humana».
Además, solicitan que la Iglesia pida a todos los estados que protejan los derechos humanos de todas las personas, que se haga un llamamiento en ese sentido a los cristianos y se instruya a las conferencias episcopales a que trabajan a favor de la descriminalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos.
Finalmente, solicitan que la Iglesia declare ilegal «la aplicación de las llamadas terapias de conversión para curar» a los homosexuales.
Con información de EFE