La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) dividió a la sociedad guatemalteca. La población se polarizó como resultado del sesgo ideológico y de la persecución selectiva de quienes interferían en una agenda de izquierda de Naciones Unidas.
Al principio el panorama era claro: o se estaba a favor de una lucha en contra de la corrupción y la impunidad, o no (muy parecido al emplazamiento que hace en redes sociales el presidente salvadoreño Nayib Bukele).
Pero esa claridad se opacó conforme las investigaciones avanzaban y empezaban a poner en relieve lo profundo y extenso de la corrupción, así como los mecanismos que habían otorgado a sus protagonistas la perpetua impunidad.
La CICIG cometió grandes errores, tanto de forma que de fondo.
Ante una institución de corte CICI, los pueblos del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, léase Guatemala, El Salvador y Honduras, son definitivamente presa de su historia. Los empresarios y políticos que caen presa de sus investigaciones perciben a una CICI como de izquierda y hasta comunista, estar en contra de ella es sinónimo de ser corrupto. Los de izquierdas, al ser perseguidos la perciben como un instrumento mas al servicio del status quo, una institución de persecución política manejada por interese económicos.
Sin embargo, en El Salvador aparece un tercer actor: Un gobierno populista que busca manipular la opinión pública con el «cuento cuero del león muerto» y que busca utilizar una CICIES como un Abwehr, una Stasi o aún peor, una Cheka o GPU comunista.
En la balanza guatemalteca, los desaciertos de la CICIG pesan más que los aciertos y, prueba de ello se encuentran sus víctimas, judiciales y políticas.
De las cosas buenas, la CICIG se retira de Guatemala dejando al descubierto que ningún sector de la sociedad guatemalteca debe estar libre del flagelo de la corrupción y, más alarmante aún, que todos de una manera u otra convergen y se complementan. La corrupción no respeta ideología o sector, quien es corrupto lo es independientemente de su ascendencia y procedencia.
La CICIG se va y los guatemaltecos se quedan para afrontar los fantasmas históricos responsables de mantenerlos sumidos en el subdesarrollo.
La CICIG funcionó 12 años y se gastó casi 50 millones de dólares, de los que nunca dió cuenta ni explicaciones de sus manejos, además de fondos donados «bajo de agua» por «países amigos», países que de repente aparecerán en El Salvador «ayudando».
El cierre de la misión de la ONU llegó luego que se descubriera a la misión como una amenaza a la paz de Guatemala, prohibiendose el regreso al país del Quetzal de su jefe, el exjuez colombiano ligado a las FARC y el narcotráfico Iván Velásquez, a quien el presidente Jimmy Morales, declaró persona non grata y acusó de interferir en asuntos internos de Guatemala.
Activistas de izquierda consideran que el cierre fue empujado por sectores económicos poderosos que se vieron amenazados por el alcance de la misión, los sectores poderosos económicamente acusan su salida a una izquierda que busca recomponerse.
Pero no se puede juzgar la CICIG sin poner en contexto los manejos que hizo en ella la ahora fugitiva de la ley (por actos de corrupción y otros delitos) la ex fiscal general Thelma Aldana, escondiéndose de INTERPOL y de la ley guatemalteca en El Salvador, mientras es flamante asesora del vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, en la creación de de la CICIES.
El balance de la Cicig
La Cicig llevó al banquillo de los acusados a empresarios, militares, diputados, alcaldes y otros sectores señalados de corrupción, todos ellos como objetivos políticos en un contubernio entre la ex fiscal Aldana y Velásquez. Nunca persiguió al narcotráfico ni a las pandillas.
Aunque empezó a funcionar en 2007 a petición del gobierno guatemalteco, fue en 2015 cuando la CICIG agitó el país al revelar un fraude en las aduanas que provocó la renuncia del entonces presidente, Otto Pérez y su vice presidente Roxana Baldetti, curiosamente, cuando Aldana ya tenía como objetivo la presidencia de la República, mientras Iván Velásquez coqueteaba con las mieles del poder que no pudo beber en su natal Colombia.
En agosto de 2017, meas cerca de las elecciones, Velásquez y la entonces fiscal general Thelma Aldana pidieron retirar los fueros al actual mandatario, Jimmy Morales, al armar un caso con indicios de financiamiento electoral ilícito en su campaña de 2015, pero la institucionalidad y el Congreso guatemalteco evitaron la purga política no permitiendo le despojaran de su inmunidad constitucional.
El presidente Morales ha insistido que la misión formuló acusaciones sin fundamentos, violando la presunción de inocencia y fue selectiva en sus casos.
Lo que deja tras su misión, Iván Velásquez el artífice de la nueva corrupción en Guatemala
En su informe final la CICIG destacó que desmanteló 70 estructuras criminales, llevo a juicio a 600 personas y logró 400 condenas.
No mencionó los casos en los que montó sendas investigaciones persiguiendo a los contrincantes políticos de Thelma Aldana.
Iván Velásquez «engabetó» casos de extorsión y secuestros contra empresarios y sus familias, casos de narcotráfico, acusaciones contra cualquier aliado político que se acercara a Aldana. Velásquez se convirtió en el «zorro cuidando la gallina»
El presidente electo, Alejandro Giammattei, se ha negado a pedir la continuidad de la CICIG y en su lugar anunció la creación de una comisión anticorrupción desde el gobierno con apoyo internacional. Giammattei fue víctima de la persecución política desde la CICIG.
«Creo que mis principales logros tienen que ver con haber generado una conciencia ciudadana (…). Que sí se puede adelantar investigaciones serias y profundas independientemente de quién sea la persona a la que se esté investigando», señaló Velásquez en una entrevista divulgada por la ONU.
La exfiscal Aldana, una presunta delincuente quien intentó postularse a la presidencia de Guatemala, expresó en Twitter su reconocimiento a la misión: «Gracias CICIG por el legado de justicia y conciencia ciudadana. Juntos lo hicimos».
Por su parte, el presidente Jimmy Morales convocó a su país a no permitir «nunca más» otro experimento como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, por todo el «daño que le provocó» a la nación al violentar, en su opinión, no solo la justicia sino también la soberanía.
«Lo más delicado es que quisieron intervenir en los asuntos nacionales con la máscara de la lucha contra la impunidad y la corrupción», expresó el mandatario en un discurso en el Palacio Nacional de la Cultura.
Morales sostuvo que la CICIG «violentó el orden público» y que Guatemala «no se los va a perdonar».
«¿Para eso está las Naciones Unidas?», preguntó y enseguida agregó que la ONU «está conformada para velar por la paz de las naciones».
El presidente anunció que irá a la 74 Asamblea General de las Naciones Unidas, ahora en septiembre, «para irles a decir lo que hicieron en el país» e insistió que la CICIG «socavó la justicia y violó la soberanía del país».
La CICIES
El gobierno de Nayib Bukele ha anunciado la creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad de El Salvador (CICIES).
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció el pasado viernes que enviará al país una mesa técnica para instalar desde esta semana la CICIES.
Políticos y juristas creen que la creación de la CICIES requiere la ratificación de la Asamblea Legislativa; más aún ante el anuncio de las Naciones Unidas de que El Salvador ha pedido su ayuda para instalar la Comisión, lo que convierte la creación del ente anti corrupción e impunidad en un tratado internacional, que debe ser ratificado por el Congreso salvadoreño.
La creación de la CICIES fue encomendada por el presidente Nayib Bukele al vice, Félix Ulloa, un ex comandante guerrillero que no ha abandonado sus convicciones comunistas y de quien se espera, sin lugar a duda inyecte la institución con un fuerte componente político.
Pronto se verá si la CICIES corrige los errores de la CICIG o si solamente se trata de más de los mismo.
