El empresario y presidente del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Gustavo Lopez Davidson, acudió el martes a la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro, a presentar una demanda penal contra el presidente de la República, Nayib Bukele, a quien acusa por los delitos de difamación y calumnia, es decir, mentir en su contra.
«Voy a defender mi honor, mi dignidad e integridad ante toda costa. Estoy dando la cara porque mis principios así lo demandan», dijo López Davidson, «Por tanto en mi calidad de ciudadano quiero ser enfático: – Los delitos que me imputa el ciudadano presidente como: hurto de cargamento, estafa agravada y robo son totalmente falsos. Ante estas declaraciones irresponsables, me siento ofendido», dijo a periodistas.
«Los salvadoreños y mi partido, pueden estar seguros de una cosa: el que nada debe, nada teme. El tiempo me dará la razón y la justicia prevalecerá ante este ataque personal y político», rubricó el dirigente máximo del mayor partido político de oposición de El Salvador.
El mismo martes, el secretario jurídico de la Casa Presidencial, el ex empleado de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Javier Argueta, expuso en noticieros importantes del país los supuestos pormenores de varias operaciones de “permuta” entre el ministerio de la Defensa Nacional y la empresa importadora y exportadora de armas CENTRUM, de la cual López Davidson es presidente.
Según Argueta, las operaciones fraudulentas entre el ministerio de la Defensa y la empresa CENTRUM, se dieron bajo la forma de “permutas” que permitieron a CETRUM adquirir de la FAES armas “nuevas” (viejas y discontinuadas) a precios, según el gobierno, «irrisorios».
A pesar de la opinión de analistas políticos de renombre y de expertos, Argueta aseguró que no se trata de una persecución política y que la Fiscalía General de la República (FGR) ya tiene la documentación suficiente para que judicialice al caso.
Según el asesor jurídico de la Casa Presidencial, en el proceso de permuta de armas entre el Ministerio de Defensa Nacional y CENTRUM, hubo una serie de irregularidades, suficientes para que la FGR investigue y se puedan deducir responsabilidades.
Argueta detalló que el Ejecutivo sigue firme en su demanda contra la compañía, que cuenta con acusaciones por cinco delitos relativos al tráfico ilícito de armas, hurto de armamento a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y estafa agravada, entre otros.
En respuesta, López Davidson negó los señalamientos y demandó al Ejecutivo por difamación.
El viceministro de Defensa, Coronel Ennio Rivera y Argueta presentaron la denuncia basados en indicios de «posible» venta ilegal de armas e incluso tráfico ilícito en el interior de CENTRUM de la cual es presidente López Davidson.
En el aviso presentado con anterioridad por el ministro de la Defensa, Francis Merino, se asegura que el contrato de permuta (intercambio de armamento) fue por un valor de $2 millones con la empresa de armas, pero que este solo es uno de cinco contratos más.
Según Argueta, en el 2013, la empresa CENTRUM no tenía capacidad financiera para negociar 1.3 millones de dólares, ni para dar garantías. De acuerdo a Argueta, «todos esos datos los hemos brindado a la FGR», «La empresa está autorizada para exportar armas, pero uno de los delitos más graves, es el tema de tráfico de armas, porque aunque tiene autorización, pero la forma de adquirir las armas y exportarlas, debe de ser legal», añadió.
El asesor jurídico explicó que el contrato entre el Gobierno y CENTRUM establecía la entrega de dos obuses, un tipo de armamento de artillería para el ejército. No mencionó que «de acuerdo al contrato» el Ejército salvadoreño debía comprar la «munición respectiva» para comprobar su efectividad, lo que no habría hecho, sino que intentó disparar las armas con munición no acorde a las especificaciones de los obuses, por lo que no funcionaron de acuerdo a lo esperado.
La representación legal de la Casa Presidencial, ocultó en los noticieros información con respecto a la responsabilidad de militares afines a los pasados gobiernos del FMLN en el asunto y que habrían salido beneficiados en el asunto, pero aseguró que las demandas recientes servirán para ampliar las investigaciones previas contra el líder del partido opositor, López Davidson.
CENTRUM es una empresa auditada, de acuerdo a informes internos, por el American Tobacco and Firearms (ATF) de los Estados Unidos de Norteamerica y trabaja bajo la supervisión cercana de la Embajada Americana e n El Salvador para que el movimiento de armas sea de acuerdo a las leyes internacionales.
