El gobierno de los Estados Unidos prevé aumentar la vigilancia contra los actores corruptos, asignando más recursos para analizar redes de corrupción, y para apoyar a “periodistas y agentes de cambio” que sufren presión o censura.
La administración de Joe Biden presentó el lunes las líneas generales de su nueva estrategia anticorrupción internacional, que incluye la modernización de los sistemas existentes y un incremento de la cooperación internacional para “extender programas nuevos y los existentes”, y así “responder a las amenazas crecientes y acoso en contra de reformistas, periodistas y otros agentes de cambio”.
Las últimas herramientas de la administración incluyen una lista notable de más de 50 funcionarios centroamericanos tildados de demasiado corruptos para tratar con ellos y un estilo defensivo por parte de Samantha Power, la nueva administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).
El gobierno de Biden amplió significativamente su ofensiva contra la corrupción y otras “causas fundamentales” de la inmigración ilegal de Centroamérica, pero sus nuevas tácticas están lejos de garantizar un mejor funcionamiento que los intentos fallidos del pasado.
Los funcionarios consideran la lucha contra la corrupción y la “mala gobernanza” como el componente más esencial para mejorar las condiciones en El Salvador, Honduras y Guatemala, y probablemente el más difícil de ganar después de décadas de democracias frágiles, controladas por élites rapaces e instituciones legales de rápido cambio.
Estados Unidos tiene previsto incrementar sus esfuerzos diplomáticos y de desarrollo “para apoyar, defender y proteger a la sociedad civil y a los actores de los medios, incluidos los periodistas de investigación que denuncian la corrupción”.
Salvaguardar a periodistas
El documento publicado establece que USAID creará nuevos programas para cubrir la defensa legal de periodistas de investigación y sus organizaciones, en caso de denuncias por difamación.
Fuentes confiables advirtieron que en El Salvador existen intenciones de crear una Fiscalía para delitos cometidos por periodistas y que su aprobación estaría siendo considerada para inicios del próximo año.
Además, se ejecutará otra actividad denominada Prosafe, que será implementada por el ICFJ y Connectas, “en apoyo a periodistas que están en ambientes bajo amenaza de organizaciones criminales y/o enfrentenado presiones y censura”.
Las actividades de Prosafe están destinadas a El Salvador, México, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Ecuador, Perú y Paraguay.
Este programa busca entrenar a periodistas en el uso de plataformas digitales, análisis de datos y periodismo de datos, investigaciones internacionales y seguridad física y en línea.