Los empresarios del transporte público en el país pagaron solo en 2021 unos 12 millones de dólares a las pandillas, que amenazan de muerte a sus empleados y exigen dinero para permitirles operar en las amplias zonas que controlan, dijo el lunes Catalino Miranda, dirigente de este sector.
«Ronda los 12 millones de dólares» el pago a las pandillas durante este año, afirmó en una entrevista en televisión Miranda, presidente de la Federación de Empresarios del Transporte (Fecoatrans), al ser preguntado en el programa de televisión «Frente a Frente».
Indicó que el promedio diario que paga cada autobús es de 4 a 5 dólares y agregó que «ha bajado un poco», pero sostuvo que «sigue siendo un costo» para los transportistas.
De acuerdo con las autoridades de seguridad, las principales fuentes de ingresos de las pandillas son las extorsiones a transportistas y comerciantes, además del narcotráfico al menudeo en las zonas que dominan.
Para presionar por este pago, las pandillas amenazan o llegan a asesinar a los conductores de microbuses y autobuses.
Por otra parte, Miranda indicó que en 2021 la cifra de asesinatos de conductores suman 7.
Reportes señalan que unidades de una ruta entraron este lunes en paro de labores a raíz de las amenazas de las pandillas, que supuestamente exigen para el fin de año un pago doble.
Datos de la Policía Nacional Civil (PNC), alojados en su portal de transparencia (estadistica.pnc.gob.sv), indican que entre enero y septiembre se registraron 1.273 casos de extorsión, aproximadamente un 40,2 % más que los computados en el mismo lapso de 2020.
Si el dato de 2021 se compara con 2019, el resultado es una reducción del 22,7 %.
Un testigo protegido de la Fiscalía General de la República dijo en 2019, en un juicio contra miembros de la Mara Salvatrucha (MS13), que esta estructura recolecta más de 2,7 millones de dólares mensuales en El Salvador mediante actividades ilícitas.
Este mismo testigo fue el que declaró que políticos negociaron con las pandillas dinero y beneficios a cambio de votos en las elecciones presidenciales de 2014.
Las extorsiones se mantienen a pesar del Plan Control Territorial (PCT) del Gobierno, del que funcionarios de Seguridad aseguran es un éxito.
