La Corte Suprema de Justicia dio trámite a una solicitud de antejuicio (desafuero) presentada por la Asociación de Dignatarios de la Nación (ADN) en contra de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad por «excederse en sus funciones» al suspender el cese de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
El fundamento de la presentación es que, al suspender la decisión adoptada por el presidente Jimmy Morales, los magistrados Bonerge Amílcar Mejía, Gloria Porras y José Francisco de Mata se inmiscuyeron en un tema relaciones con la política exterior, algo que «solo le compete al Ejecutivo”. El antejuicio ya fue trasladado al Congreso, de mayoría oficialista, que deberá definir si se retira la inmunidad de los magistrados.
El caso fue presentado por el representante de la Asociación de Dignatarios de la Nación, Guillermo Pellecer Rodas, y afirma que los magistrados habrían incurrido en prevaricato, violación a la Constitución y abuso de autoridad. El proceso puede tardar todavía varios días, pues el Parlamento se encuentra en receso. Luego la Comisión Permanente debe revisar el caso y entregar un informe ante el pleno.
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Mario Siekavizza, explicó que «el artículo 183 inciso O de la Constitución le permite al Ejecutivo conocer asuntos de política exterior». Añadió que la solicitud de antejuicio fue avalada por mayoría de 11 votos a 2 por el Supremo y que no fueron delimitados los delitos en los que pudieron haber incurrido los magistrados, pues la resolución se basó en que estos «limitaron» al presidente Morales en sus facultades.
El Constitucional guatemalteco suspendió provisionalmente la madrugada del pasado miércoles la terminación anticipada y unilateral del acuerdo del Gobierno y la ONU para el establecimiento de la Cicig, que había anunciado el presidente Morales por considerar que la Comisión se había «extralimitado» en sus funciones y realizado actos «ilegales».
Con información de Deutsche Welle