Autoridades de Seguridad anunciaron el viernes 15 de marzo del 2019 el cierre del centro penal ubicado en el municipio de Ilobasco que alberga a un total de 387 personas privadas de libertad «comunes», que no pertenecen a pandillas, quienes serán trasladados a otras cárceles.
El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, explicó que la decisión obedece a que la infraestructura de la cárcel «es muy vulnerable y afecta a la seguridad ciudadana de Ilobasco por su ubicación», ya que la alcaldía y una serie de viviendas están cerca de la misma.
El funcionario, que no brindó la fecha en la que se procederá al cierre de la cárcel, indicó que los personas privadas de libertad recluidos en dicho recinto «serán trasladados al resto de centros penales ordinarios (que no albergan pandilleros)», los cuales no fueron especificados. «Aún no se tiene una fecha del cierre pero nos hemos comprometido con la ciudadanía para que el proceso sea lo más pronto posible», aseguró Ramírez Landaverde.
El titular del Ministerio de Justicia añadió que «el inmueble será transferido a la Policía Nacional Civil (PNC) para que se instale una subdelegación».
En junio de 2016, el centro penal de Cojutepeque fue cerrado por deterioro de la infraestructura y hacinamiento, por lo que los 1 080 privados de libertad, miembros de pandilla, que estaban recluidos en esa prisión, fueron trasladados a otras cárceles.
Los centros penales del país albergan a unos 38 000 personas privadas de libertad, cifra superior a la capacidad instalada, por lo que el país llegó a registrar una sobrepoblación de hasta el 400 % en años anteriores.
Ramírez Landaverde ha dicho en diferentes ocasiones que al final del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén se prevé que la sobrepoblación llegue a un 130%, que será «muy inferior al promedio de la región». En junio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el hacinamiento en las cárceles y calabozos (bartolinas) de la Policía Nacional Civil.
