Estados Unidos impuso sanciones económicas a la jefa de gabinete del presidente Nayib Bukele acusándola de haber dirigido “un esquema de corrupción multimillonario en múltiples ministerios”, informó el jueves el Departamento del Tesoro.
Martha Carolina Recinos De Bernal ya tenía prohibido entrar en Estados Unidos por figurar en una lista de funcionarios corruptos publicada por el gobierno estadounidense.
La acción contra Recinos se conoce un día después de que el Tesoro norteamericano incluyera en su lista negra a Osiris Luna Meza, viceministro de Justicia y director general de cárceles; y Carlos Amílcar Marroquín Chica, director de Reconstrucción del Tejido Social de la Presidencia, por sus tratos con altos mandos de las pandillas Mara Salvatrucha 13 (MS-13) y Barrio 18.
Todo esto sucede en un momento en que el país, además de problemas de corrupción, atraviesa un crecimiento de la violencia.
En el Día Internacional contra la Corrupción, el Departamento del Tesoro acusa a Recinos De Bernal de estar al frente «de un esquema de corrupción multimillonario en múltiples ministerios que involucra adquisiciones sospechosas en la construcción de un hospital», en el marco de la pandemia.
Además, asegura que ordenó a varios ministros a autorizar compras «que incluyen millones de dólares en cubrebocas quirúrgicas y millones más en batas de hospital a empresas sin vínculos aparentes» con la industria sanitaria.
Estados Unidos afirma que «funcionarios de la administración de Bukele, incluida la jefa de gabinete Recinos, supuestamente revendieron equipo de protección personal donado y otra ayuda médica con un importante margen en beneficio propio».
Recinos estuvo asimismo a la cabeza de «un esquema de corrupción en el que las canastas de alimentos compradas por el gobierno para aliviar el covid se desviaron para el uso de candidatos específicos» del partido salvadoreño Nuevas Ideas, con el fin de obtener apoyo en las elecciones municipales y legislativas de febrero de 2021.
Las canastas de alimentos «se utilizaron para obtener votos y apoyo en el período previo a las elecciones», asegura.
Las sanciones, aplicadas bajo la Ley Global Magnitsky de 2017, implican el congelamiento de cualquier activo que pueda tener en Estados Unidos y le prohíben toda transacción a través del sistema financiero estadunidense.
Las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador son muy tirantes. Washington le cortó la ayuda a través de su agencia de cooperación USAID y la redireccionó a la sociedad civil para la lucha contra la corrupción, a lo que Bukele reaccionó estrechando lazos con China.
Una prioridad
La lucha contra la corrupción es una prioridad del gobierno del presidente Joe Biden, que la considera esencial para atajar las principales causas de la ola migratoria de Centroamérica hacia Estados Unidos.
Y es el pilar de la Cumbre por la Democracia de Biden, que se celebra virtualmente jueves y viernes y de la que han sido excluidos los gobiernos de ocho países de las Américas: Bolivia, Cuba, Haití, Honduras, Nicaragua, Venezuela, El Salvador y Guatemala.
Precisamente el Tesoro también impuso sanciones económicas este jueves al guatemalteco Manuel Víctor Martínez Olivet, a quien acusa de «participar en diversos actos de apropiación indebida, fraude y abuso de autoridad» cuando era director del Área de Salud Santa Rosa del Ministerio de Salud Pública de Guatemala.
La lucha anticorrupción es «una prioridad central de la seguridad nacional», declaró este jueves el secretario de Estado, Antony Blinken, quien anunció que «un coordinador anticorrupción global» liderará la aplicación de la estrategia de Estados Unidos anunciada esta semana por la Casa Blanca para contrarrestar este flagelo.
El jefe de la diplomacia estadounidense también anunció una batería de restricciones de visados que afecta a varios latinoamericanos, entre ellos Recinos, su marido y su hijo.
Osiris Luna Meza, viceministro de Justicia y director general de cárceles de El Salvador, sometido ya a sanciones económicas, tampoco podrá entrar en territorio estadounidense.
Se impide asimismo el ingreso a Carlos Julián Bermeo Casas, un exfiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP), por «haber aceptado un soborno monetario a cambio de obstruir la extradición a Estados Unidos de un presunto narcotraficante».
Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, al que Washington considera una dictadura, corre la misma suerte por «aceptar un soborno monetario» para «permitir y perpetuar un esquema de fraude aduanero y de importación para enriquecer a miembros del régimen».
Las restricciones de visados se extienden a familiares directos de los sancionados.