El gobierno de México implementará una nueva política migratoria que conduzca a una entrada ordenada a México, al tiempo que evitará la deportación masiva, informó hoy lunes la secretaria (ministra) de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
En el marco de su intervención en la 30ª Reunión de Embajadores y Cónsules 2019, la responsable de la política interior de México explicó que la apuesta del gobierno es mantener una política «humanitaria».
Explicó que se trata de mantener un control coordinado de la migración, en el que colaboren organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), así como las naciones centroamericanas expulsoras de migrantes, en especial Honduras, El Salvador y Guatemala.
Sánchez dijo que una de las medidas a tomar es garantizar el control de los ingresos de migrantes por la frontera sur y, para ello, en los 17 puntos de acceso legal se instalará personal para registrar a los migrantes tomando sus datos personales y biométricos, como huellas y rostro, además del motivo por el cual llegan a México.
En caso de que su destino sea Estados Unidos, se les indicará dónde pueden recibir ayuda en su paso por tierras mexicanas, agregó.
Advirtió que el fenómeno migratorio centroamericano hacia Estados Unidos va a continuar e incluso podría incrementarse.
En ese sentido, dijo que las autoridades mexicanas han detectado que otra caravana de inmigrantes centroamericanos intentará ingresar ilegalmente por Guatemala a la frontera sur de México a mediados de enero.
Ante ello, dijo, «estamos tomando ya las medidas necesarias para el ingreso seguro y ordenado de esta caravana».
Sánchez comentó que también tiene información de que líderes de esta nueva caravana de indocumentados centroamericanos «están manejándola, tratando de dar un portazo aquí en nuestro país».
Sin embargo, agregó que esto «no se permitirá», y se trabajará para que su ingreso «sea ordenado, seguro y controlado por las leyes mexicanas».
Ante el cuerpo diplomático mexicano y acreditado en México, aclaró que la visión del gobierno mexicano es la de no catalogar a los migrantes como «delincuentes», y que en lo que toca al retorno de los connacionales que se ven obligados hacerlo procedentes de Estados Unidos, contarán con el apoyo y atención de las autoridades mexicanas.
La primera caravana de migrantes centroamericanos, principalmente de nacionalidad hondureña, salió el 13 de octubre de 2018, con la idea de alcanzar el llamado «sueño americano»; en su camino se fueron sumando otros indocumentados centroamericanos.
La inusual caravana de varios miles de migrantes atravesó México sin papeles para llegar a la frontera con Estados Unidos, huyendo de la falta de oportunidades en su país.
Muchos de ellos, incluyendo mujeres y niños, se regresaron a su país, según la prensa, tras las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump.
No obstante, le han seguido otras dos caravanas, que han intentado hacer lo mismo.
En esas tres caravanas que han entrado en México entre octubre y noviembre pasados, se calcula oficialmente que han ingresado unos 10.000 centroamericanos.
La mayoría ha decidido regresar a su país, algunos aceptaron la oferta de trabajar en el sur mexicano y otros esperan en albergues de la ciudad mexicana de Tijuana, frontera con Estados Unidos, el permiso o la oportunidad de ingresar al país del norte.