La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró legal el decreto legislativo que da autonomía funcional y técnica a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR).
Con la sentencia, se le manda al presidente de la República publicar en el Diario Oficial la reforma al artículo 70 de la Ley Orgánica de la FGR, la cual da autonomía a la UIF, con lo que se le permitirá “recibir, procesar, analizar y diseminar a la autoridad competente en el marco de la ley, información para prevenir y detectar el lavado de dinero y activos, la financiación al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
De acuerdo a la reforma, se plantea también la provisión de los recursos para la UIF, los que deberán incluirse en el presupuesto de la Fiscalía. La Unidad estará adscrita a la FGR.
Los magistrados constitucionalistas sentenciaron que la reforma no es inconstitucional debido a que “no invade la atribución del Fiscal General de la República de dirigir la investigación del delito ni la desplaza a favor de la Unidad de Investigación Financiera”, lo que fue uno de los argumentos que esgrimió en su veto el presidente Sánchez Cerén.
Además, el presidentes de la opinión que la reforma permitiría que haya dos entidades autónomas dentro de una misma institución, a lo que la Sala contestó que, si bien se le reconoce ámbitos de autonomía a la referida unidad fiscal, eso no es suficiente para la configuración de un ente autónomo.
En la opinión de Sánchez Cerén, los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con respecto a la independencia operativa de la unidades de inteligencia financiera se podía cumplir por medio de reglamentos, no de modificación de ley.
Tras el veto a la reforma, el grupo internacional Egmont de unidades de investigación financiera suspendió a El Salvador debido “a la opinión” del presidente y de no aprobar esa enmienda a julio próximo se le expulsará. El informe fue enviado al GAFI, informó Fiscalía en octubre pasado.
Con el rechazo de la Sala al veto, Sánchez Cerén deberá proceder a sancionar el proyecto de reforma en un plazo de ocho días siguientes al día a la notificación y luego mandarlo a publicar en plazo de quince días. De no cumplir con esa disposición, será el presidente de la Asamblea Legislativa el que debe hacerlo. Con esto, desaparece la amenaza que se cernía sobre El Salvador de ser expulsado del grupo internacional Egmont de unidades de investigación financiera el próximo mes de julio. El país esta suspendido temporalmente desde el año pasado.
