Más de 235.000 salvadoreños se vieron forzados a desplazarse el año pasado dentro de su país debido a la violencia de las pandillas, reveló este miércoles una encuesta de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y la ONG Cristosal.
Ante la pregunta de si durante el año pasado ha tenido que cambiar su lugar de vivienda para protegerse o a su familia de un hecho de violencia, 5,2% dijo que sí.
Ese 5,2% «son más de 235.000 personas las que se han desplazado durante 2018», declaró durante la presentación de la encuesta Rina Montti, de Cristosal.
La encuesta, que tiene un margen de error del 2,3%, incluyó a 1.806 salvadoreños y se realizó entre noviembre y diciembre pasado.
Seis de cada diez personas que habían tenido que dejar su vivienda afirmaron que habían considerado irse a vivir a otro país.
La mayoría (51,8%) había contemplado migrar a Estados Unidos, 13,3% a Europa y el resto a países de Sudamérica, Guatemala o Costa Rica.
En octubre de 2017, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Estado adoptar medidas de protección a favor de familias que se habían tenido que desplazarse dentro del país como consecuencia de amenazas, extorsiónes, golpes, acoso y violación por parte de las pandillas.
El gobierno no reconoció el desplazamiento interno de personas y no promovió ninguna acción para enfrentar el problema generado por las pandillas, que tienen unos 70.000 miembros, incluyendo a 17.000 encarcelados.
Según la encuesta, 88,6% de los entrevistados consideró que el Estado salvadoreño debe reconocer «la existencia del desplazamiento interno forzado por violencia», mientras que 9,5% opinó lo contrario.
Un 51,4% de los salvadoreños dijo que apoyaría una ley de rehabilitación para pandilleros, 30,5% dijo que la apoyaría «algo o poco», 17,1% la rechaza y 1% no respondió.